Acueducto tiene el desafío de recuperar el río Bogotá y sistema de alcantarillado. ¿Podrá con todo?
El alcalde Gustavo Petro anunció que a partir del 18 de diciembre el servicio de aseo de la ciudad, esto es, la recolección de 6.000 toneladas diarias de basura, el barrido de calles, limpieza de fachadas y poda de zonas verdes quedarán a cargo de la ciudad. Tamaña responsabilidad la asumirá la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.
La Contraloría, Personería, Procuraduría, Comisión de Regulación, Superintendencia, concejales, etc., han advertido en distintos tonos sobre la inconveniencia de esta especie de monopolio que se quiere ejercer. Los usuarios, a su turno, solo recuerdan que la última vez que la ciudad manejó las basuras fue en tiempos de la Edis, sinónimo de ineficiencia, rancia politiquería y corrupción.
Para entender lo que pasa, es bueno aclarar qué llevó a la Alcaldía a decidir de esta forma y cómo, si las cosas salen bien, la ciudad quedará a salvo de una emergencia sanitaria, pero si no, el costo para el Alcalde será monumental.
Lo primero es que, en materia de aseo, Bogotá está en emergencia hace casi un año, razón por la cual a los actuales operadores privados se les extendieron sus contratos dos veces, pues la pasada Administración no pudo consolidar una nueva licitación. La última fue objetada por la Corte Constitucional, que pidió tener en cuenta a los recicladores en el negocio. Más recientemente, a juicio de la Alcaldía, la Comisión de Regulación se demoró en desarrollar un modelo tarifario, y el tiempo fue pasando.
Hoy, el gobierno interpreta que, por orden de la Corte, debe hacerse cargo del servicio ya y que, para tener en cuenta a los recicladores, hay que asumir la totalidad de la operación. Posición que no comparten los órganos de control, que señalan que la decisión de Petro va en contra de la libre competencia.
Si la Alcaldía mantiene su postura -y conociendo al Alcalde así será-, quiere decir que, óigase bien, en 50 días el Acueducto tendrá que: invertir en equipos (camiones, volquetas, recolectores), desembolsar unos 100.000 millones de pesos, tener listos 5.000 operarios, organizar 14.000 recicladores, garantizar que las tarifas no se afecten y mirar qué hace con el parque automotor que dejarían las empresas actuales, obsoleto en un 90 por ciento, según el mismo Acueducto. El gerente de la entidad, Diego Bravo, dice que existe el músculo financiero y capacidad institucional para asumir el reto. Y agrega que se trata de una etapa de transición que puede durar un año. En el terreno político se avecina una oleada de debates por parte de quienes ven un intento más de Petro por estatizar a la fuerza, hacer populismo y poner en riesgo las finanzas de una empresa con calificación AAA. Él responde que, además de atenerse al fallo de la Corte, busca brindar un servicio en el que «no se excluye al privado, lo que pasa es que ya no controla el negocio».
Amén del debate técnico y político, no puede quedar por fuera el de conveniencia. Bien es sabido que la Empresa de Acueducto tiene pendientes desafíos de hondo impacto social, como la recuperación del río Bogotá o la rehabilitación del sistema de alcantarillado, que demandan billonarias inversiones, planeación y tiempo. ¿Puede la empresa asumir todo esto? Es lo que está por verse.
Yo no sé si al ciudadano común le interesen estas honduras. Me temo que lo que más desea es una ciudad limpia, sin escombros, que haya un verdadero reciclaje, que se organice a los zorreros, que no se permita que se ensucien postes y fachadas y que, por amor a Dios, no volvamos a los tiempos de la Edis.
Fuente: http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/el-acueducto-y-las-basuras-ernesto-cortes-fierro-editor-jefe-el-tiempo_12338497-4
